To read this story in English, click here.
El legislador estatal republicano Trevor Lee cree que Utah debería, en algún momento, considerar prohibir que los niños inmigrantes que carecen de estatus legal permanente asistan a las escuelas públicas del estado, pero no todavía.
El representante de Layton figura como patrocinador de una propuesta de enmienda constitucional para “limitar el sistema de educación pública a los niños que sean ciudadanos de los Estados Unidos o residentes legales de los Estados Unidos”.
El texto de la legislación apareció en línea el miércoles por la noche y luego desapareció. Poco después de que se publicara nuevamente el jueves por la noche, incluía una resolución sustituta propuesta por Lee que en cambio “condena al gobierno federal por no responder adecuadamente a la crisis de la inmigración ilegal” e insta al Congreso a aprobar un proyecto de ley que tome medidas enérgicas contra la inmigración.
La HR2, o “Ley de Seguridad Fronteriza”, respaldada por los republicanos en el Congreso, requeriría que el gobierno federal termine de construir un muro a lo largo de la frontera sur y aumente la vigilancia allí, impondría restricciones drásticas al proceso de asilo y requeriría que todos los empleadores verifiquen la ciudadanía de los trabajadores. estado.
Lee le dijo a The Salt Lake Tribune que nunca tuvo la intención de que la legislación fuera una enmienda constitucional estatal y dijo que el personal legislativo la redactó mal. Pero todavía cree que tal enmienda puede ser necesaria.
La líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Ángela Romero, rechazó la afirmación de Lee antes de elogiar al personal legislativo no partidista, diciendo: “Hay un proceso que seguimos, y el proyecto de ley de nadie se publicaría públicamente... ese funcionario electo habría tenido que aprobarlo. "
Si el legislador estatal republicano es reelegido este año, Lee dijo que los habitantes de Utah podrían volver a ver la enmienda propuesta, tal como estaba escrita inicialmente.
(Rick Egan | The Salt Lake Tribune) El representante Trevor Lee, republicano por Layton, habla durante la reunión del Comité de Educación de la Cámara de Representantes el miércoles 1 de febrero de 2023.
“Decimos: ‘Oye, aquí hay un grupo de niños que ni siquiera hablan inglés, pero es tu problema’. Aquí tienes’”, dijo Lee. “Y eso no está bien”.
Casi el 9% de los estudiantes K-12 en todo el estado están aprendiendo inglés, según datos de la Junta de Educación del Estado de Utah. Las leyes federales prohíben la discriminación contra ellos y exigen que las escuelas brinden a los estudiantes de inglés una educación igualitaria. En el Distrito Escolar de Salt Lake City, donde cuatro escuelas primarias cerrarán el próximo año en gran parte debido a la disminución de la inscripción, más de uno de cada cinco estudiantes es un estudiante de inglés.
Según las estimaciones de la Encuesta sobre la comunidad estadounidense de 2022 de la Oficina del Censo de EE. UU., Utah tiene casi 300.000 residentes nacidos en el extranjero. Poco más de 170.000 de esas personas no son ciudadanos estadounidenses.
Y aunque no está claro cuántos niños en edad escolar no son ciudadanos, la Oficina del Censo estima que aproximadamente el 27,5% de los habitantes de Utah nacidos fuera de los EE. UU. tienen menos de 18 años.
Un intento de modificar la constitución estatal para mantener a esos niños fuera de las escuelas públicas probablemente sería impugnado en un tribunal federal.
En 1975, la Legislatura de Texas intentó de manera similar impedir que los niños que no eran “legalmente admitidos” en el país se matricularan en las escuelas públicas del estado. Al fallar en una demanda colectiva para niños mexicanos que viven en Texas y que no pudieron probar su estatus legal, la Corte Suprema de Estados Unidos dijo en Plyler v. Doe que los esfuerzos por mantener a los niños indocumentados fuera de las escuelas públicas violan la Cláusula de Igualdad de Protección de la 14ª Enmienda.
Los hijos de inmigrantes que carecen de estatus legal permanente “no pueden afectar ni la conducta de sus padres ni su propio estatus”, decía la decisión, y “la legislación que dirige la carga de la mala conducta de un padre contra sus hijos no concuerda con concepciones fundamentales de justicia”.
Sin embargo, Lee dijo que cree que la cuestión debería volver a presentarse ante la Corte Suprema y cree que los estados deberían poder desempeñar un papel más importante en la configuración de las políticas de inmigración.
“Es un mundo diferente. Las cosas han cambiado”, dijo Lee. “Confiamos en que la Corte Suprema fallará a nuestro favor y afirmará que el estado debería tener derecho a manejar estos asuntos por nuestra cuenta”.
Para agregar una enmienda a la Constitución de Utah, se necesitaría la aprobación de dos tercios de la Cámara y dos tercios del Senado. Entonces, la mayoría de los habitantes de Utah que voten en las próximas elecciones generales tendrían que votar “sí” para enmendar la Constitución.
La versión sustituta del proyecto de ley (una resolución para alentar al Congreso a aprobar el HR2) sólo necesita el apoyo de una mayoría de legisladores.
(Trent Nelson | The Salt Lake Tribune) La líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Angela Romero, demócrata por Salt Lake City, habla durante un mitin en el Capitolio de Utah en Salt Lake City el sábado 8 de octubre de 2022. Ella es la presidenta del Comité Nacional Hispano. Caucus de Legisladores Estatales.
“Cuando se trata de personas que aspiran a tener una vida mejor, ni siquiera puedo pensar en lo que se siente cuando la gente toma el periódico y ve que alguien puede mirarlos no como personas”, dijo Romero, quien También encabeza el Caucus Nacional Hispano de Legisladores Estatales. “Siempre hablamos de hacer las cosas a la manera de Utah, hablamos de que Utah es el mejor lugar para vivir y ser inclusivo. Cuando hacemos una legislación como ésta... me pregunto si es su creencia personal o si está siguiendo una agenda nacional”.
La introducción de la legislación de Lee se produce cinco años después de que docenas de líderes gubernamentales, empresariales y religiosos de Utah se unieran para reafirmar el Pacto de Inmigración de Utah, que fomentaba “reformas migratorias de sentido común”.
Bajo uno de los cinco pilares del pacto, “Familias”, el pacto decía: “Defendemos políticas que apoyan a las familias y mejoran la salud, la educación y el bienestar de todos los niños de Utah”.
Entre los firmantes se encontraban varias entidades relacionadas con la educación, incluida la Asociación de Superintendentes Escolares de Utah, el Sistema de Educación Superior de Utah, el Distrito Escolar Granite, el Distrito Escolar Jordan, el Distrito Escolar de Salt Lake City, el Salt Lake Community College y la Universidad de Utah.
Traducción por Elias Cunningham.
