Mujeres de Utah intentaron denunciar agresiones sexuales a la policía. Dicen que enfrentaron retrasos y barreras lingüísticas.

Este artículo fue producido por Local Reporting Network de ProPublica en asociación con The Salt Lake Tribune.

Nota del editor: Esta historia trata sobre la agresión sexual.

En junio de 2022, Yanett Bernal entró en la estación de policía de Provo, Utah, para denunciar que su ginecobstetra la había agredido sexualmente. Dijo que después de hacer una declaración escrita, por teléfono le contó a un detective cómo David Broadbent realizó dolorosos exámenes vaginales y rectales durante su último embarazo.

Un mes después, Bernal regresó a la comisaría para pedir una copia de su declaración. Un trabajador de recepción le dijo que no existía ningún reporte, recordó.

“Dijeron que no tenían nada”, dijo, “y no me dijeron que debía hacerlo de nuevo ni nada”. Lo que sí le dijeron, señaló, es que debía llamar a un número para hablar con alguien en español y esperar a que un detective le devolviera la llamada.

Pasó otro mes y Bernal todavía no sabía nada del detective.

Entonces Bernal recurrió a una defensora independiente de víctimas llamada Gloria Arredondo. Había estado respondiendo preguntas similares de mujeres que, como Bernal, tenían dificultades para presentar informes sobre Broadbent al Departamento de Policía de Provo o acceder a sus registros. Todas son mexicanas y su idioma materno es el español. Algunas le dijeron que era difícil conseguir que alguien en el departamento tomara sus casos en serio o incluso que les devolvieran la llamada.

Arredondo sugirió que Bernal y otras mujeres visitaran el Consulado General de México, a una hora de distancia en Salt Lake City, en busca de ayuda.

Arredondo, que ha trabajado con víctimas latinas de delitos desde 2012, dijo que esta era la primera vez que involucraba a un consulado para recibir una devolución de llamada de la policía.

“Ha sido muy frustrante ver que no pudieran hacer un reporte”, añadió. “Para mí, era de sentido común que fueras a la policía, ellos tomaran tu reporte y empezaran a trabajar en él”.

El consulado confirmó que al menos dos mujeres sí acudieron a sus oficinas “querían apoyo” y que llamó al detective a cargo en agosto para pedirle información actualizada sobre el caso. El objetivo, dijo María Fernanda Gómez Contreras, encargada de la oficina de protección del consulado, era “asegurar que las mujeres están siendo escuchadas, que se merecen el mismo tipo de tratamiento”.

Bernal, que acudió al consulado, es una de las 49 mujeres que acudieron a la policía de Provo durante los últimos dos años para denunciar que Broadbent abusó sexualmente de ellas. Los fiscales del Condado Utah están considerando presentar cargos en algunos de los casos, pero no han decidido si acusarán penalmente al médico. Broadbent aceptó dejar de ejercer la medicina mientras continúa esta investigación policial. Como parte de un caso civil separado, los abogados de Broadbent han dicho que las acusaciones de agresión sexual en su contra “carecían de fundamento”; el médico no respondió a una solicitud de comentarios, enviada a través de su abogado, sobre este caso.

En marzo, 20 inmigrantes mexicanas presentaron una demanda civil contra dos hospitales donde trabajaba Broadbent, diciendo que sabían de su supuesta falta de ética laboral y no actuaron. (Los abogados de los dos sistemas hospitalarios han pedido a un juez que desestime la demanda, argumentando que las supuestas acciones de Broadbent contra estas mujeres no tuvieron lugar en sus instalaciones. Uno de los hospitales, MountainStar, también dijo en un comunicado que no tenía conocimiento de que se presentaran quejas al propio hospital, que Broadbent no es y no era un empleado del hospital, y que actualmente no tiene privilegios allí).

El Salt Lake Tribune y ProPublica entrevistaron a 14 de esas mujeres que, entre marzo de 2022 y abril de 2023, acudieron a la estación de policía para alegar que Broadbent les tocó los senos, la vagina y el recto de manera inapropiada durante los exámenes, a menudo sin previo aviso ni explicación, y de manera que los lastimó y los hizo sentir violadas.

Las entrevistas realizadas por las dos organizaciones de noticias también revelan que muchas de estas mujeres enfrentaron retrasos, problemas de idioma y entrevistas insensibles cuando acudieron a la policía. De las 14, cinco dijeron que la policía las rechazó en al menos una ocasión.

Involucrar al Consulado General de México pareció haber funcionado para Bernal: dijo que poco después recibió noticias sobre su caso por parte de un detective.

“Fue cuando cambiaron acá”, dijo Bernal. “Cambiaron y nos hicieron caso”.

Brian Taylor, capitán de la policía de Provo, no abordó las quejas de las mujeres y dijo que no podía discutir públicamente los detalles específicos del caso. Dijo que el departamento “recopiló sistemáticamente entrevistas y presentó informes a la Oficina del Fiscal del Condado Utah”.

“Denunciar abuso sexual es una decisión profundamente personal”, añadió Taylor. “Honramos a las víctimas que se presentan y animamos a la gente a hacerlo”.

Durante el último año, The Tribune y ProPublica han investigado los obstáculos que enfrentan los habitantes de Utah cuando buscan justicia contra los proveedores médicos que, según dicen, los agredieron sexualmente. Un artículo de febrero detalló cómo un grupo diferente de mujeres acusó de manera similar a Broadbent de conducta sexual inapropiada y buscó justicia en un tribunal civil, sólo para que un juez desestimara su caso, dictaminando que se encontraba bajo la ley de negligencia médica en lugar de un reclamo civil por agresión sexual. Las mujeres apelaron el fallo ante la Corte Suprema de Utah, que está considerando el caso.

Una investigación realizada en agosto por las organizaciones de noticias mostró cómo los pacientes de un terapeuta del Condado Utah habían denunciado presuntos tocamientos inapropiados tanto a los licenciadores estatales como a los líderes locales dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días; ninguno de los grupos denunció al terapeuta ante las autoridades. Ambos dijeron que se toman en serio las acusaciones de agresión sexual e indicaron que habían abordado las denuncias a través de sus propios procesos.

Pero Bernal y estas otras mujeres sí acudieron a la policía. Y todavía están esperando a ver si sus esfuerzos arrojan algún resultado.

”Dijo que el médico estaba haciendo su trabajo”

Desde el principio, algunas de las 14 mujeres que entrevistamos dijeron que sus esfuerzos por dar declaraciones sobre Broadbent a la policía se vieron obstaculizados. Las imágenes de las cámaras corporales muestran que en al menos dos casos, los agentes de policía tomaron información inicial en un pasillo —sentadas en un banco junto al “Muro de Honor”, un espacio público de la estación en el vestíbulo de la policía, donde se exhiben fotografías de los agentes caídos— en lugar de en un sala privada para entrevistas.

Una defensora de víctimas del personal acompañó al oficial mientras cada caso se discutía en el área pública. Taylor dijo que los agentes que toman los informes iniciales llevarán a la presunta víctima a un área más privada, si hay gente en el vestíbulo de la policía. No queda claro a partir de las imágenes de la cámara corporal si había otras personas en el pasillo durante las entrevistas, pero en un caso, el audio del video capta a otras personas que pasan y hablan al alcance del oído de la mujer que reporta su queja con el oficial. Arredondo, quien acompañó a una de las mujeres, dijo que el pasillo parecía un lugar inusual para pedirles a las mujeres que presentaran su informe.

“Me preocupaba su privacidad”, dijo.

El primer detective del caso fue Kevin Fernández, quien se unió al Departamento de Policía de Provo en 2018 después de convertirse en oficial jurado. La familia de Fernández proviene de la Ciudad de México, según un artículo del Daily Herald de 2020, y Fernández creció en el sur de California. El detective habla español y el departamento de policía dijo que ha realizado más de 300 investigaciones como detective de la Unidad de Víctimas Especiales en sus seis años en la fuerza. The Tribune y ProPublica no hablaron directamente con Fernández, pero Taylor dijo que consultaron al detective en respuesta a las preguntas enviadas al departamento.

En los primeros seis meses de la investigación, Fernández fue el oficial asignado en 30 informes que involucraban a Broadbent.

María Eduvíges Bernal, tía de Yanett y quien también denunció a Broadbent a la policía, recuerda que batalló para detallar ante Fernández cómo Broadbent tocó su vagina de maneras que le parecieron inapropiadas durante las citas de 2018. Después de brindar su declaración, Eduvíges Bernal dijo que Fernández concluyó que su médico no había cometido nada delictivo.

“Él no lo vio como un crimen”, recuerda que le respondió Fernández. “Dijo que el doctor estaba haciendo su trabajo”.

En sus notas resumidas, Fernández amplió esta valoración:

“Le advertí que no hay forma de demostrar que hubo alguna intención o gratificación sexual por parte del médico. El médico tenía una razón legítima para tener sus manos sobre y dentro de los pacientes [ocultado]. El médico no hizo ningún movimiento inapropiado que pudiera mostrar alguna intención sexual. Le informé a [ocultado] que la interacción no cumple con los elementos de un delito y que este caso se cerraría. [Ocultado] informó que entendió y se alegra de que esto esté documentado”.

Esta conclusión inmediata la sorprendió y la desmoralizó, dijo Eduvíges Bernal. Aunque no suele ser una persona extrovertida, dijo que tenía la intención de presentar el informe, aunque sólo fuera para sus registros y para que otras mujeres de su familia, incluida su hija, pudieran evitar daños futuros.

“Vas [a la policía] porque crees que te van a ayudar o te van a poner atención”, dijo Eduvíges Bernal. “No esperaba que él hubiera opinado”.

Las pautas de investigación de agresión sexual de la Asociación Internacional de Jefes de Policía (IACP) desaconsejan decidir antes de una investigación si se cometió un delito. También se desaconseja incluir una opinión en un informe policial escrito.

“Se debe hacer todo lo posible para excluir la opinión de los oficiales en el informe escrito y evitar hacer preguntas capciosas”, recomiendan las directrices de IACP.

Taylor no respondió a una pregunta sobre si Fernández debería haber ofrecido su conclusión de que no había forma de probar la intención sexual en el caso de Eduvíges Bernal.

En enero, los abogados civiles que representaban a algunas de las mujeres comenzaron a preocuparse por los métodos de investigación del detective. Había pasado un año desde que algunas de sus clientas denunciaron a Broadbent a la policía y Fernández aún no había obtenido los registros médicos de sus clientas.

Los abogados Eric Nielson y Marianne Card enviaron una solicitud a los fiscales pidiendo que la policía asigne un nuevo detective. Eso sucedió, aunque Taylor dijo que se asignó a la nueva detective para equilibrar la carga de trabajo mientras hacía la transición a la Unidad de Víctimas Especiales.

Card dijo que una vez que se asignó a la nueva detective, la mayoría de sus clientas fueron entrevistadas nuevamente.

Según RAINN, una organización nacional contra la violencia sexual, los equipos policiales capacitados deberían trabajar juntos para “reducir la repetición de preguntas y entrevistas”. Estas nuevas entrevistas también parecen ir en contra de las prácticas adecuadas de Provo; Taylor dijo que los detectives “trabajan para minimizar el número de veces que una víctima tiene que hacer una revelación”. Cualquier nueva entrevista en este caso, dijo Taylor, se realizó a petición de los abogados civiles. Nielson, sin embargo, dijo que creía que las nuevas entrevistas fueron una “admisión tácita” por parte de la policía de que la investigación no se realizó adecuadamente la primera vez.

Martha Santacruz, una de las 14 mujeres que hablaron con The Tribune y ProPublica, dijo que tuvo una experiencia positiva al hacer un informe con Fernández, pero que le resultó difícil volver a ser entrevistada y revisar su evidencia en abril pasado.

“Me sentí muy mal porque es una cosa muy dura de revivir. ... Me quedé pensando ¿qué pasó con el otro reporte que ya teníamos?”, dijo Santacruz. “No sé qué hizo. No sé qué pasó”.

Servicios lingüísticos “altamente deficientes”

Como madres y trabajadoras inmigrantes con salarios bajos, acudir a las autoridades para acusar a un médico estadounidense de agresión sexual fue una experiencia sin precedentes para todas. Y uno de los principales problemas que enfrentaron fue encontrar un oficial que entendiera español.

Algunas de las mujeres dijeron a The Tribune y ProPublica que fueron rechazadas porque no había nadie disponible en el departamento que hablara español. Otras sufrieron retrasos: en un informe policial, se observó que una mujer llamó al departamento porque le habían dicho que un detective de habla hispana se comunicaría con ella, pero estuvo durante cuatro días y no recibió respuesta.

Este verano, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Utah calificó las políticas del Departamento de Policía de Provo para el acceso al idioma como una de las peores del estado, y calificó sus políticas de servicios lingüísticos para personas que no hablan inglés como “altamente deficientes”.

La organización sin fines de lucro examinó los manuales de políticas policiales en todo Utah y señaló que Provo no tiene una política escrita formal que aborde el acceso a los servicios lingüísticos. La ciudad fue uno de los cuatro municipios de Utah que recibió una calificación de “altamente deficiente”.

Utah lideró la nación en crecimiento demográfico durante la década anterior, según el censo 2020, volviéndose menos blanco y homogéneo. Una cuarta parte de la población de Provo, de casi 115,000 personas, habla un idioma distinto al inglés en sus hogares, según la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense más reciente de la Oficina del Censo. Los latinos representan ahora casi el 18% de la población y el español es el idioma más común después del inglés.

“El acceso al idioma no es un privilegio, es un derecho”, dijo Andrea Daniela Jiménez Flores, analista de políticas de derechos de los inmigrantes de ACLU de Utah. “Las leyes y políticas de Utah deben reflejar esa realidad y garantizar que a nadie se le niegue la justicia, la dignidad o el bienestar por los idiomas que habla o no”.

Algunas de las mujeres que denunciaron a Broadbent dijeron a The Tribune y ProPublica que dependían de un intérprete voluntario o de un miembro de la familia cuando hablaban con la policía. Una mujer dijo que al menos en una ocasión dependió de un primo para que le tradujera —un tema de preocupación general para ACLU de Utah.

La organización sin fines de lucro señaló en su informe que el Departamento de Policía de Provo no utiliza intérpretes autorizados y, en cambio, depende de oficiales que hablan español o de otros recursos comunitarios, como el Centro de Capacitación Misionera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Cuando se le preguntó con qué frecuencia sucede esto en las investigaciones policiales de Provo, Taylor dijo que utilizar a familiares como intérpretes para las presuntas víctimas es “un problema”.

“Si se utiliza a un familiar o, peor aún, a un niño, también se le victimiza”, afirmó. “Además, la validez de las declaraciones se pone en duda cuando no se puede garantizar la imparcialidad de los traductores”.

Taylor dijo que la policía tiene una “retacería” de servicios lingüísticos y no cuenta con personal que hable español las 24 horas del día. Si bien hay 21 oficiales que hablan español hasta cierto punto, dijo Taylor, el departamento no sabe cuántos de sus oficiales serían competentes en el idioma.

Taylor dijo que el departamento está de acuerdo con los hallazgos del informe de ACLU y agregó que el dominio limitado del inglés no debería ser una barrera.

“Estamos revisando nuestras prácticas”, dijo, “comparándolas con las recomendaciones del informe de ACLU y revisando posibles mejoras de políticas”.

Dejadas en la espera

Incluso después de las intervenciones de abogados, un defensor y el consulado, las barreras lingüísticas y los retrasos han continuado. En abril, cuando Bereniz Robles entró en el Departamento de Policía, tuvo que intentarlo tres veces antes de que alguien tomara su informe sobre Broadbent.

Cada vez que Robles iba a la estación de policía, dijo, le decían que no había nadie trabajando que hablara español. Robles dijo que le dijeron que podía regresar más tarde o llamar en otro momento.

Finalmente pudo concertar una cita temprano una mañana en abril. Acompañada por Arredondo, la defensora de víctimas, llegó a la hora prevista, pero las puertas estaban cerradas con llave y tuvieron que esperar media hora antes de que alguien les dejara entrar.

Robles, quien fue paciente de Broadbent hace más de década y media, dijo que se sintió motivada a hacer un informe para evitar que el médico volviera a ejercer. Pero dijo que hubo muchos momentos, incluida esa mañana, en los que consideró darse por vencida.

“No tiene caso de hablar si no te van a hacer caso”, dijo. “Fue uno de los momentos en los que yo me desanimé mucho”. Dijo que si bien el informe que presentó capturó con precisión su experiencia con Broadbent, el proceso para realizarlo la hizo sentir “que uno no vale nada”.

Jeff Gray, fiscal del Condado Utah, dijo en una entrevista en noviembre que su oficina está revisando los casos en su conjunto y esperaba tomar una decisión sobre los cargos antes de fin de año. Sin embargo, el viernes dijo que después de consultar con un experto médico, los fiscales determinaron que se necesitaban más entrevistas de seguimiento.

Nielson, uno de los abogados civiles, está frustrado y ha enviado dos cartas instando a Gray a procesar el caso, estableciendo paralelismos con otros casos como el de Robert Hadden,ex ginecobstetra de la Universidad de Columbia, y Larry Nassar, ex entrenador de gimnasia de EEUU, ambos cumpliendo pena de prisión por agredir sexualmente a sus pacientes durante los exámenes.

Gray difiere. “Presentaremos cargos, o tomaremos una determinación sobre la presentación de cargos, cuando nuestra investigación esté completa —ni antes ni después”, dijo el fiscal del condado.

Casi dos años después de presentar su denuncia a la policía, María Gaspar, una de las 14 entrevistadas, dijo que todavía teme que no le crean por ser una mujer inmigrante que denuncia públicamente una presunta agresión sexual.

Y dijo que sus cuatro hijas son su motivación para superar las negaciones y los retrasos.

“Sigo teniendo miedo”, dijo, “pero a la vez me da fuerza porque digo que tengo que enseñarles algo bueno, no que se queden calladas aquí o en México”.

Traducción por Octavio López.