Este artículo fue producido por Local Reporting Network de ProPublica en asociación con The Salt Lake Tribune.
Nota del editor: Esta historia trata sobre la agresión sexual.
Cuando Carmela llegó a Utah desde un pueblo de Oaxaca, México, en 1998, era una recién casada que seguía a su marido por su trabajo y estaba embarazada de cuatro meses de su primer hijo. Nunca había visto a un ginecobstetra y esperaba encontrar uno que hablara español.
El médico que encontró fue David Broadbent. Sin embargo, desde el principio, dijo que notó que sus visitas con Broadbent la dejaban sangrando y con dolor, que sentía como si hubiera “comido y digerido una botella de vidrio”.
Después de sus citas, dijo que se daba baños tibios para ayudar a aliviar el dolor.
Pero siguió acudiendo a la consulta de Broadbent, sin darse cuenta de que la forma en que el médico la trataba era inusual. Durante los siguientes 14 años, tuvo tres hijos, dos varones y una niña de por medio. Carmela confiaba en Broadbent porque había recibido educación estadounidense y hablaba su idioma, y porque nunca le habían dicho qué podía esperar durante esas visitas.
“Me quedé por el idioma”, dijo al explicar por qué seguía viendo a Broadbent a pesar de su dolor. “Me quedé allí porque no sabía lo que hace un ginecólogo”.
Pero a través de los años, Carmela tuvo dudas sobre si el dolor que sentía después de sus citas médicas era normal. En un momento, Carmela llamó a su hermana mayor en México para preguntarle sobre sus propias visitas al obstetra. “¿Qué te hacen, hermana?”
Su hermana describió su experiencia; ninguna parte implicó sondeo del ano o dolor. “Sí, pero ¿qué más?”. Carmela recordó haber preguntado, con la esperanza de entender si lo que le sucedía era común. “¿Eso es todo?”.
Luego de esa conversación, Carmela razonó que los exámenes en México no estaban tan avanzados.
Al final, el viaje de 45 minutos hasta el consultorio resultó demasiado para su familia. Cinco años después de dejar de verlo, su perspectiva siguió cambiando cuando Ana, su hija adolescente, le preguntó qué esperar de su primer examen ginecológico. Ana escuchó detalles angustiosos sobre las visitas de su madre a Broadbent y sobre en qué se diferenciaban de otros médicos que Carmela había visto posteriormente. Y Ana comenzó a hacer su propia investigación en 2017, incluida la lectura de reseñas de pacientes sobre Broadbent en línea. (Carmela y Ana están siendo identificadas sólo por sus nombres).
“Mamá”, dijo, “algo no está bien”.
En 2022, fue Ana quien vio en las noticias que otras mujeres habían acusado a Broadbent de agresión sexual. Ana, que ahora tiene 21 años, trabajó con abogados para asegurarse de que su madre fuera incluida entre las 94 mujeres que presentaron una demanda civil contra él ese año.
Chris Nelson, abogado de Broadbent, señala que las acusaciones de las mujeres “carecen de fundamento”, pero declinó hacer más comentarios argumentando que los abogados de Broadbent presentarán su caso ante el tribunal. Mientras tanto, el médico aceptó dejar de ejercer en tanto la policía y los fiscales investigan.
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El caso civil será escuchado el viernes por el tribunal más alto de Utah, que decidirá si revoca el fallo de un juez que lo desestimó previamente. Debido a que su presunto agresor es un médico, determinó ese juez, el caso debe regirse por reglas de negligencia médica en lugar de aquellas que se aplican a casos de agresión sexual. Si el tribunal falla a favor de Broadbent, muchas de sus acusadoras podrían perder la oportunidad de presentar una demanda porque, según las normas de negligencia médica de Utah, ha pasado demasiado tiempo.
La cuestión central que sopesarán los jueces es: ¿Las supuestas agresiones sexuales fueron parte de la atención médica de estas mujeres?
¿Atención médica o agresión sexual?
Cuando Carmela y las otras 93 mujeres presentaron su demanda civil, alegaron que Broadbent tocó inapropiadamente sus senos, vaginas y rectos, sin previo aviso ni explicación, y las lastimó. Algunas dijeron que usaba su mano desnuda —en lugar de usar un espéculo o guantes— durante los exámenes. Una alegó que vio que Broadbent tenía una erección mientras la tocaba.
El juez que desestimó su caso en septiembre pasado no consideró sus méritos. El juez Robert Lunnen dijo que debieron haber presentado su caso bajo la ley de negligencia médica de Utah. En lugar de ello, habían afirmado que el trato doloroso y traumático que les infligió Broadbent fue una agresión sexual. Ellas quieren demandar por daños civiles tanto a Broadbent como a dos de los hospitales donde el médico ayudó a dar a luz a algunos de los bebés.
Las leyes estatales generalmente guardan silencio sobre si las demandas por agresión sexual que involucran a trabajadores de la salud deben estar cubiertas por las leyes de negligencia, lo que deja a los tribunales lidiar con esa cuestión y lleva a conclusiones diferentes en todo el país. El Salt Lake Tribune y ProPublica identificaron al menos siete casos fuera de Utah en los que los jueces de apelaciones estatales distinguieron claramente entre agresión y atención médica en tales casos.
A principios de este año, la legislatura de Utah intervino y aprobó una ley que declara afirmativamente que la agresión sexual cometida en entornos de atención médica no puede considerarse atención médica. Este mandato significa que una demanda civil en tal caso no necesita ser presentada como un reclamo por negligencia, lo que viene con reglas más restrictivas, como un límite más bajo en daños financieros por dolor y sufrimiento y un periodo de tiempo más corto para presentar una demanda.
Pero la ley no era retroactiva; no ayudaría a Carmela ni a las otras 93 mujeres. Entonces apelaron ante la Corte Suprema de Utah.
Los abogados de Broadbent y los hospitales argumentan que su supuesta mala conducta “surgió” de la atención médica y, por lo tanto, está cubierta por la ley de negligencia médica de Utah. Argumentan además que sus acciones podrían haber sido consideradas médicamente necesarias.
“Por ejemplo, varias demandantes alegaron que, durante un examen ginecológico programado, el Dr. Broadbent insertó sus dedos o un espéculo en sus vaginas o rectos de manera abrupta o dolorosa”, escribieron los abogados en presentaciones ante la Corte Suprema. “Debido a que el contacto ocurrió durante un examen vaginal médicamente indicado, existe la duda de si el dolor que experimentó la paciente fue típico de una versión no negligente de dicho examen o si el dolor fue el resultado de negligencia”.
Las mujeres argumentan en su demanda que no tienen ninguna duda de que lo que les sucedió fue una agresión sexual, no negligencia o parte de su tratamiento médico.
El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, la principal organización profesional de obstetras y ginecólogos en EEUU, aconseja a los obstetras y ginecólogos que expliquen los exámenes físicos y sólo procedan después de que el paciente dé su consentimiento, y clasifica tocar el área genital interna de los pacientes sin guantes como un “incorrección sexual”. Esas pautas no abordan el dolor y el sangrado.
Adam Sorenson, abogado de las 94 mujeres, sostiene que lo que experimentaron no fue atención médica y pidió a los jueces que revivieran su caso.
“Un ginecobstetra sexualmente abusivo”, escribió en sus documentos judiciales, “no debería recibir ningún trato especial, protección o indulgencia”.
‘Confiamos en él y él nos falló'
Carmela y algunas otras hispanohablantes que han acusado a Broadbent de abuso, dependen de intérpretes voluntarios o familiares bilingües para transmitir sus experiencias a los abogados.
Para Ana, esto ha significado pasar horas sumergiéndose en los detalles del caso de su madre. El recuento, a través de su voz, proporcionó los detalles necesarios para la demanda de su madre.
“En cada cita, a lo largo de varios años y embarazos”, afirma la demanda, “Broadbent hacía que [Carmela] se desnudara, palpaba sus senos y miraba dentro de su vagina, insertando ocasionalmente sus dedos en su vagina. Luego, cuando Broadbent fue a realizarle un examen de Papanicolaou, insertó un espéculo, tomó una muestra y luego insertó cuatro dedos dentro de ella, provocando malestar y sangrado. Luego insertaba su dedo medio en el recto [de Carmela] con mucha fuerza y lo introducía repetidamente durante unos minutos, causándole sangrado y sensibilidad”.
Procesar esta información fue difícil, dijo Ana. “Fue simplemente triste. Me quedé impactada”.
La casa familiar de Carmela está repleta de fotografías de sus hijos y sus logros. Escondido en un armario hay un álbum con las fotografías de Broadbent en los tres nacimientos. El hombre alto y blanco con gafas está hombro con hombro con el esposo de Carmela, que brilla en cada imagen al ver a su recién nacido.
Ana describe mirar las fotos de la sala de partos como “desesperante”.
“Ser él ser una de las primeras personas que me abrazó”, dijo, “sabiendo lo que le hizo a mi mamá, es muy exasperante”.
Lo que Ana más desea es que su madre se convenza de que ella no tiene la culpa de las acciones del médico.
“Mi mamá se siente muy culpable por lo que le pasó… o por no haberlo denunciado antes”, dijo.
Carmela sigue cada desarrollo de la demanda con mucha atención, pero también le provoca una debilitante mezcla de culpa e ira. Por eso seguirá los argumentos judiciales del viernes desde casa.
“Siento rabia porque confiamos en él y él nos falló”, dijo. “Quiero que este artículo llegue a oídos de ese ginecólogo, que recuerde bien todo lo que me hizo cuando me lastimaba el recto y me decía que era por mi bien”.
